EL
RECIENTE FALLO SOBRE EL MUNICIPIO DE SAN JORGE EN LA
PROVINCIA DE SANTA
FE, Y LA VOLUNTAD DE MANTENER Y HACER CRECER EL
MODELO SOJERO CON DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO
PRECAUTORIO
El reciente fallo de
Cámara en la Provincia de Santa Fe relativo al Municipio de San
Jorge, ha merecido importantes espacios periodísticos, ha tenido
inclusive, la tapa del diario gubernamental por excelencia, y ha
estado en la agenda mediática durante más de una semana
considerándoselo como un éxito que frenaría las fumigaciones y
el uso irrestricto de tóxicos en la agricultura.
La Cámara intervino por la apelación de los demandados a la
decisión del Juez en primera instancia,
que hacía lugar a una demanda de amparo
y que había producido escozor en los sectores ligados a la
producción de soja, porque reconocía el principio precautorio
a favor de los vecinos, y la necesidad de impedir las
fumigaciones con cualquier producto, en las distancias
peticionadas por los demandantes, o sea 800 metros
para las fumigaciones terrestres y 1.500 metros para
las fumigaciones aéreas. Como un hecho relevante el Juez
Tristán Martínez sostenía que los demandados, o sea, los dueños
de los campos, el Municipio de San Jorge y la Provincia de Santa
Fe, deberían haberle acercado estudios propios y no simples
remisiones sobre los impactos, y en una decisión valerosa,
impuso la obligación de probar su defensa a quienes se
encuentran en mejor posición para hacerlo y no a quienes alegan
el daño, tal como en este caso son los vecinos de un
barrio del municipio de San Jorge. El fallo por lo demás, ponía
de manifiesto que ni la Municipalidad ni la Provincia daban
garantía alguna de la protección de las personas, y que ni
siquiera reconocían saber qué tóxicos eran aplicados. El Juez
Martínez concluía dictaminando que entre el ambiente
saludable y la salud de las personas, versus la actividad
económica, debían primar los primeros intereses y qué, ante la
falta de certezas sobre las distancias que harían posible la
protección de los vecinos, se inclinaba por conceder las
distancias peticionadas en el amparo. Hasta allí entonces,
el Juez Tristán Martínez.
¿Qué es lo que dice
ahora la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, que ha
merecido tantos respaldos y alharaca desde la prensa
oficialista? La Cámara expresa confirmar el fallo de primera
instancia, pero en realidad, a nuestro juicio, lo revoca,
aunque sea parcialmente, ya que transforma un fallo permanente
en una medida cautelar...o sea provisoria. La Cámara admite
el recurso interpuesto por la Municipalidad de San Jorge y
desestima la acción contra ella por entender y esto es sumamente
grave, que no tiene responsabilidad alguna sobre el control de
los procedimientos relacionados con las fumigaciones. Hasta
ahora, se suponía que el hecho de que los gobiernos provinciales
no ejercieran la autoridad de aplicación de una ley de control,
no eximía al poder Municipal de sus facultades y obligaciones en
el propio territorio.
En segundo lugar, la
Cámara modifica la decisión del Juez y limita la prohibición de
fumigar a un exiguo plazo de seis meses, que, coincide
casualmente con la época de cosecha y post cosecha en que puede
prescindirse de tales fumigaciones.
En tercer lugar,
entendemos que la Cámara se permite desconocer el principio
precautorio admitido por el Juez,
a la vez que decide buscar las certezas necesarias, y para ello
ordena producir un informe en forma conjunta al Gobierno de la
Provincia de Santa Fe y a la Universidad del Litoral. No por
separado, sino en conjunto, como obligando a una probable
negociación política del informe, y obligando al Juez a
pronunciarse nuevamente a la luz de lo que ese
informe arroje, a pesar de ya haberse expedido el mismo en la
línea de prohibir las fumigaciones. La Cámara, de haber
aplicado el principio precautorio, debería haberse pronunciado
en el mismo sentido en que lo hiciera el magistrado, prohibiendo
las fumigaciones. Por lo contrario, la Cámara, ignora o
invisibiliza en este fallo de tanta repercusión mediática, la
aplicación del principio precautorio, y ello es muy grave,
porque desde una perspectiva jurídica legal, está privando a los
damnificados de un derecho que les es fundamental.
Opinamos que no debería
instalarse la idea de que, un proceso judicial, mucho menos un
amparo ambiental, es el lugar adecuado para salvaguardar a la
comunidad de las malas políticas gubernamentales. Las
investigaciones, producción de informes, análisis y cuanta cosa
necesaria se requiera, debió haberlas producido el Gobierno
Provincial con anterioridad a la introducción de las
fumigaciones como práctica cotidiana, o apenas surgieran los
primeros indicios de los posibles efectos negativos o apenas
entrada en vigencia la ley 11.723, que regula las fumigaciones
en la provincia. Hoy al Gobierno de Santa Fe, como a
la Municipalidad de San Jorge, debió hacérseles asumir su
inoperancia y no, en cambio, ordenar la producción de estudios o
informes que, con una Argentina en donde se siembran más de 20
millones de hectáreas con soja y donde las fumigaciones son
moneda corriente, resulta casi un insulto para todos aquellos
sobre los cuales recae y recaerá siempre el gravamen de los
éxitos de la agricultura industrial y del modelo agro
exportador.
Se ha dicho de manera
reiterada en la campaña impulsada por el diario Página 12 y
ciertos grupos ambientalistas, que parecieran ir detrás de meros
criterios de buenas prácticas agrícolas, que la Cámara
confirmó el fallo de primera instancia y que tal pronunciamiento
se encuentra firme. Ambas afirmaciones resultan falsas por todas
las consideraciones que se han explicado anteriormente. Lo que
en verdad subyace, es que se ha generado una nueva
oportunidad para los demandados, en especial para el Gobierno de
Santa Fe, una nueva oportunidad para sostener su obstinación en
no reconocer el impacto negativo que las fumigaciones tienen
sobre la salud y los ecosistemas, en el estilo de los informes
científicos a los que nos tienen habituados, con simples
remisiones y sin estudios serios epidemiológicos.
Sospechamos que en esta
maniobra periodística de retorcimiento interpretativo de un
fallo judicial, existe una operatoria política que, desde el
poder central hace de la provincia de Santa Fe, un laboratorio
para experimentar con riesgo ajeno, ciertas prácticas de
responsabilidad social empresarial y aplicación de criterios
técnicamente más apropiados al sostenimiento del modelo.
Recordemos que Santa Fe es una provincia que desde perspectivas
político partidarias, no es campo propio del oficialismo, y que,
por lo tanto permite ciertos márgenes de maniobra, de hecho lo
vienen probando en su acercamiento a las campañas contra las
fumigaciones, ciertos/as diputados/as del FPV y otros sectores
vinculados al gobierno; cuanto más, cuando las consecuencias de
cosa juzgada en relación a la negación del principio precautorio
y a eximir a los municipios de responsabilidad sobre el control
de uso de agrotóxicos, pueden alcanzar proyecciones a nivel
nacional.
Sin necesidad de llegar
al caso extremo de radioemisoras que nos llamaron en esos días
del fallo para conocer nuestra opinión sobre la prohibición del
Glifosato... (Sic) podemos decir
que, las circunstancias a las que refiere este informe, han
puesto en evidencia, la enorme ignorancia existente en los
medios intelectuales y periodísticos acerca de esos temas y de
cómo esa ignorancia, se hace víctima de la confusión y de la
manipulación que se ejerce desde las usinas de inteligencia. Una
vez más, debemos recordar que estamos en presencia de un modelo
neocolonial aplicado a nuestro país por las Corporaciones
transnacionales, por los exportadores, y en especial, por una
nueva oligarquía basada en el complejo sojero/aceitero. Que ese
modelo es modernizante desde las nuevas perspectivas
de los mercados globales, y que cuenta con importantes respaldos
de los sectores progresistas y de izquierda, tanto en el
gobierno como en la oposición. Que nuestro país ha
sido campo de experimentación desde los años
noventa, en que las primeras semillas transgénicas de Monsanto
fueron liberadas a su comercialización, y desde que se
fomentó su llegada por bolsa blanca a todos los países vecinos,
pese a que en todos ellos existían leyes específicas que las
prohibían. Que en los años posteriores, tanto en el plano
internacional en relación con el respaldo a la OMC y la
oposición a las moratorias y toda norma europea que limitara la
entrada de OGM, como en el plano de las políticas locales, con
ingestas de soja en los comedores para carenciados y en escuelas
para niños, e incorporación de harinas y aceites de soja en toda
la cadena alimentaria, nuestro país continúo siendo un centro de
experimentación de esas políticas globales. Que
el desarrollo de importantes polos biotecnológicos aportó en el
mismo sentido, y que la confirmación definitiva de ese modelo
fue la decisión de instalar un Ministerio de Ciencia e
Innovación tecnológica, así como que, desde la misma presidencia
de la República, se asumiera públicamente que las Universidades
deberían colocar la ciencia al servicio del interés empresarial
y que las Corporaciones aportaran fondos de manera oficial para
esos objetivos. No sorprende por ello, que en lugares críticos y
sin mayores riesgos para el modelo implantado de sojización en
constante expansión, se experimenten caminos de presunta mayor
sustentabilidad y se busque responder a las crecientes demandas
vecinales con criterios de supuestas buenas prácticas, de
alejamiento de la línea agronómica de los límites de las
localidades y comprometiendo a las ONG ambientales y a los
grupos de vecinos autoconvocados en prolongados e interminables
pleitos jurídicos de improbable resolución. Y por último, que se
nos confronte en el reclamo de nuestros derechos a una vida
digna, con intrincados informes técnicos, cuando bastaría el
mero sentido común y poder visualizar sin preconceptos, la falta
de calidad de vida y la cantidad de afectados, para tomar
conciencia de que estamos en presencia de impactos gravísimos e
impunes, y que esos impactos son consecuencias inevitables de un
modelo de país que cuenta con el más amplio respaldo del grueso
de la dirigencia política.
GRR
Grupo de Reflexión Rural
9 de Abril de 2010