EN UN NUEVO ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA: ALGUNAS PROPUESTAS FRENTE A LA CRISIS

La crisis en que está sumida la Argentina nos obliga a imaginar cómo salir del modelo de la Soja. Este modelo colonial de monocultivos transgénicos que implica para nuestro país el rol asignado de producir forrajes se inició con la Democracia para procurar divisas con que pagar la Deuda Externa. El modelo de país productor de Soja RR responde a las Corporaciones, a las necesidades de Europa y de China, países que necesitan piensos, aceites y Biocombustibles. Este modelo ha llevado a la Nación al borde de su disolución: con una Justicia desacreditada, con un Congreso sospechado e inoperante, con violencia en todas las áreas de la vida ciudadana, inclusive en los ámbitos educativos. No poder asociar el modelo de monocultivos con la concentración de la riqueza y con la pérdida de valores comunitarios, es parte de una ceguera que han fomentado las Corporaciones granarias, junto con la Centros de Ciencia y Tecnología, tanto como lo hacen los medios de comunicación, en una vasta maniobra de colonización para generar una burbuja que simule un crecimiento sostenible que se nos hace confundir con desarrollo. Pero, no es tan solo nuestra conciencia y el tejido social lo que se daña… se están poniendo en gravísimo riesgo los suelos de la Argentina. En las tierras más frágiles, como en las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero, este modelo ha provocado gigantescos colapsos ambientales, siendo el deterioro del suelo, tanto como la devastación del monte y del bosque, la causa de sucesivas inundaciones y sequías, además de enormes corrimientos de poblaciones del campo, que han formado barrios de indigencia en torno a las ciudades capitales de esas provincias.

La extensión de la frontera agrícola es, asimismo, la responsable directa de la desaparición del Impenetrable en la provincia del Chaco y de la muerte de muchos de sus pobladores por hambre, a la vez que la condena del resto a la indigencia por ausencia total de recursos de los que vivir. Debemos decir además, que las fumigaciones que acompañan los monocultivos, provocan gravísimos impactos en las poblaciones, tales como la propagación de problemas respiratorios, afecciones en la piel, malformaciones en recién nacidos, abortos y aumento en la incidencia de casos de cáncer. Esta situación epidemiológica se extiende por todo el país, donde existen cultivos de Soja, y las víctimas se hacen incontables, particularmente entre niños y ancianos, en las localidades pequeñas y en las periferias urbanas, en que la Soja ha reemplazado los tambos, las chacras de producción de alimentos biodiversos, sanos y locales, así como los emprendimientos de agricultura familiar, emprendimientos que en estos momentos de acentuada crisis energética vuelven a ser altamente competitivos en la medida que podrían reducir insumos, a la vez que evitar la producción de deshechos.

Hemos denunciado esta situación desde hace años sin que los gobiernos provinciales se den por enterados, ni hagan cumplir las leyes que prohíben que los aerofumigadores sobrevuelen las zonas urbanas o que los aparatos fumigadores se guarden y laven en las zonas urbanas de las localidades. Todo ello continúa sucediendo, pese a las crecientes denuncias y el cúmulo de evidencias que inculpan al glifosato, al 2.4D, al endosulfan, al paraquat, a la atrazina, los piretroides, etc. de gravísimas contaminaciones. Lamentablemente, las variables ambientales, en especial la consideración sobre la preocupante desaparición del suelo o el peligro de una inminente desertificación, tanto como la salud de las poblaciones, no están todavía suficientemente instaladas en la agenda de la discusión campo/gobierno. Se continúa discutiendo con exclusividad la gestión política del modelo de sojización y el cómo distribuir las rentas que produce.

Lo que proponemos como GRR es, en carácter de urgente y ante la crisis mundial, tanto energética como alimentaria, declarar, confirmar y garantizar, que el Estado Argentino en sus diferentes niveles: nacionales, provinciales y municipales, privilegie la producción de alimentos, antes que cualquier otro emprendimiento por rentable que este sea. En tal sentido, sería importante que se reduzcan a la mitad todos los fondos destinados a la investigación, desarrollo y extensión de los agrocombustibles y el cincuenta por ciento restante se destinará a la implementación y puesta en marcha de una serie de medidas a nivel municipal que acoten el modelo de la Soja, y le pongan límites, evitando que la expansión de la frontera agrícola o sea de la soja, avance sobre la Patagonia y siga extendiéndose en las provincias como Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, zonas en las que son numerosos los pequeños productores algodoneros, campesinos y pastores de caprinos y yeguarizos, y donde existe además, población aborigen. Proponemos asimismo, una política de precios sostén para los cultivos que integran el patrimonio alimentario básico de la población, recuperando las antiguas zonas de chacras y de quintas en torno a las localidades y estableciendo, de esa manera, cinturones verdes que produzcan alimentos frescos, proporcionen empleo y protejan a los vecinos de los impactos de la agricultura industrial. Si a este plan de mínimas políticas agrarias le sumamos la pasterización y la comercialización local de leche, la habilitación generalizada de mataderos municipales y de ferias de productores bajo control de los Estados municipales, tendríamos al menos en marcha otro incipiente modelo de país que nos aseguraría comenzar a retomar la Soberanía Alimentaria que extraviamos en medio de la pesadilla de la Sojización compulsiva.

Por último, no podemos dejar de señalar que desde la época de Menem-Cavallo, la frontera argentina permanece desguarnecida y sin mayores controles por parte del Estado. Estamos, en realidad, lejos de saber qué se exporta, cuánto y por dónde. Dependemos de declaraciones juradas de las Corporaciones. Carecemos de controles mínimos aduaneros en los puertos privados. Buena parte de la economía de la Soja está en negro y se ha vuelto un hecho cotidiano y normal que las empresas defrauden al Estado. En última instancia, si se decidiera que continúen siendo los exportadores quienes cobren los tributos o retenciones a los productores a nombre del Estado, se les debería aplicar al menos las obligaciones pertinentes y poner funcionarios probos y capacitados en las áreas, tanto de aduana como de agricultura. Continuar con la situación actual de desprotección aduanera y de falta de políticas agrícolas, resulta un escándalo inadmisible y configura un delito de traición a la Patria. Más aún, porque se da la situación contradictoria de que no existen políticas agrarias, pero si existen políticas de Estado para favorecer la exportación, subsidiar la producción de aceites y agrocombustibles y mantener la hidrovía para servir las políticas de corporaciones como Cargill. Lo mismo ocurre con el INTA, el SENASA y buena parte del sistema nacional de Ciencia y Tecnología, incluyendo curriculas y programas de investigación en las universidades. Si el discurso continúa inculpando a la sojización de los males argentinos, sería digno y consecuente que esas instituciones sean intervenidas y depuradas, dado que se las percibe profundamente colonizadas por las empresas y totalmente comprometidas con el modelo biotecnológico de la dependencia colonial.

Somos conscientes que estos apuntes, apenas si esbozan un proyecto de políticas nacionales mínimas, aunque perfectamente factibles y sin mayores riesgos para la gobernabilidad. Son políticas que permitirían poner un cierto orden en la actual situación de descontrol y comenzar un camino que nos permita salir de la confusión en que somos claramente abusados por las corporaciones exportadoras, los pooles y el hegemónico complejo sojero aceitero, emparentado con el poder político.

GRR, Grupo de Reflexión Rural

9 de Julio de 2008 www.grr.org.ar